La Unión Europea busca priorizar la confiabilidad, la asequibilidad y la sostenibilidad y luchar contra la pobreza en el transporte. Antes de junio de 2025, sus estados miembros deben presentar medidas en sus Planes Sociales sobre el Clima relacionadas proyectos de infraestructura para bicicletas, subsidios de compras específicas y esquemas de bicicletas compartidas. Sólo de esta forma estarán disponibles 87.000 millones de euros en ese apoyo específico entre 2026 y 2032. Esa ingente cantidad de dinero procede del Fondo Social para el Clima de la UE, creado en marzo de 2023 y diseñado entre otras cuestiones para mitigar los crecientes costos que podrían derivarse en hogares, microempresas y usuarios que están en riesgo de pobreza energética y de transporte.
La asignación de dicho Fondo está determinada por varios factores, colocándose España como cuarto país más beneficiado (10,5%) en el presupuesto. Su objetivo es aumentar la opción de acceder a alternativas de vehículos de cero o bajas emisiones en este sector. Al elaborar sus planes, los Estados miembros deben organizar una consulta pública con las autoridades locales y regionales, representantes de los interlocutores económicos y sociales, organizaciones pertinentes de la sociedad civil, organizaciones juveniles y otras partes interesadas.
Las medidas elegibles incluyen, entre otras, la descarbonización de las mismas, además de incentivos fiscales o apoyo financiero para hacerlos más asequibles junto a la modernización de la infraestructura. También se menciona específicamente el apoyo a entidades públicas y privadas para proporcionar opciones de transporte accesibles y de cero emisiones, de movilidad activa incluida la infraestructura, además de servicios de movilidad compartida como en el caso de las bicicletas.
Además, el reglamento contiene una lista de indicadores concretos que se traducen en medidas de impacto tangible para la promoción de este medio de transporte ecológico. Entre ellas, se encuentran el número de bicicletas y vehículos de micromovilidad respaldados por medidas e inversiones financiadas por el Fondo, las soluciones adicionales de movilidad compartida y a demanda o la longitud de infraestructuras exclusivas para bicicletas construidas recientemente o modernizadas significativamente gracias a proyectos respaldados por el Fondo.
La bicicleta, incluida la opción eléctrica, es una opción de movilidad que puede ponerse fácilmente a disposición de personas en riesgo de pobreza de transporte de todas las edades y capacidades, en zonas urbanas, periurbanas y rurales. Las ciudades y regiones que promueven el uso de la misma de forma más frecuente y segura garantizan que los bienes y servicios básicos, los empleos y otras oportunidades socioeconómicas sean más accesibles en bicicleta para la población destinataria. Esto también fomenta una mayor equidad e inclusión social porque las ciclovías y las aceras de alta calidad también son una infraestructura ideal para sillas de ruedas, triciclos y otros dispositivos de movilidad.
La bicicleta es un modo de transporte asequible y lo convierte en la opción de transporte más relevante en el Fondo Social para el Clima para llegar a las personas con bajos ingresos. Usando un estudio reciente sobre los costos del uso del automóvil se descubre que contar con una bicicleta es 14 veces más barata que poseer un Opel Corsa y 27 veces más barata que un todoterreno Mercedes.
La inclusión de medidas e indicadores relacionados con la bicicleta en los Planes Sociales para el Clima dependerá en última instancia de las decisiones individuales de los Estados miembros. Por tanto, desde la European Cyclists Federation (ECF) se remarca que es fundamental que las organizaciones del sector ciclista a nivel nacional hagan oír su voz en campañas conjuntas durante la elaboración de estos planes que continuarán hasta junio de 2025.
